21 Sep Los 44 GALPA de España piden al Senado que convierta su apoyo en un mandato al Gobierno para blindar el Desarrollo Local Participativo pesquero

Joan Alginet (GALP Mar de l’Ebre) y Laura Nieto (GALP Ría de Pontevedra) han comparecido esta mañana ante la Comisión de Pesca del Senado, en nombre del conjunto de Grupos de Acción Local Pesquera y Acuícola del Estado, para alertar de que la propuesta de la Comisión Europea para el período 2028-2034 deja el instrumento como opcional para cada Estado, mientras mantiene blindado el LEADER rural. Han reclamado que el Gobierno lo defienda como obligatorio en el Consejo, que lo dote con una tasa de cofinanciación homogénea para toda la costa y que las comunidades autónomas participen en la negociación del futuro Plan Nacional y Regional

Una representación de los 44 Grupos de Acción Local Pesquera y Acuícola (GALPA) de España ha comparecido hoy ante la Comisión de Pesca del Senado, la primera comisión dedicada en exclusiva a la pesca en la historia de la cámara, presidida por Carmen Belén López Zapata. La comparecencia, solicitada tras la ronda de reuniones que los GALPA mantuvieron el 9 de junio con todos los portavoces de la Comisión, se ha desarrollado en una única intervención conjunta: Joan Alginet, gerente del GALP Mar de l’Ebre, ha abierto desde el Mediterráneo, y Laura Nieto, gerente del GALP Ría de Pontevedra, ha continuado desde el Atlántico y Canarias, con un mismo mensaje acordado por los 44 territorios.

Un derecho que puede convertirse en una lotería

Los GALP han explicado que la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 (COM(2025) 565 final) reduce de 52 a 16 los programas y funde en un único fondo la cohesión, la agricultura, el desarrollo rural y la pesca, de modo que el FEMPA desaparece como instrumento propio. El reglamento pesquero que lo acompaña (COM(2025) 559 final) mantiene el LEADER rural como medida obligatoria, pero deja el equivalente pesquero como cláusula potestativa: los Estados «podrán» aplicarlo, no «deberán». «Lo que hoy es un derecho, mañana sería una lotería», ha resumido Alginet.

Alginet ha sido especialmente crítico con el papel de la Comisión: «En esto la Comisión Europea no está simplificando, está renunciando. Una política común no puede ejecutarse con instrumentos a la carta de cada Estado». Y ha alertado de un segundo efecto para España: si la pesca pasa a un fondo único con tasas de cofinanciación moduladas según la categoría de desarrollo de cada región, «el mismo proyecto de una cofradía recibirá una ayuda europea distinta según en qué costa esté amarrado el barco».

Las comunidades autónomas, pieza imprescindible

Los GALPA han recordado que hoy son las comunidades autónomas, como organismos intermedios del FEMPA, las que seleccionan los grupos, aprueban las estrategias, convocan las ayudas y cofinancian el 30 % de cada expediente. «El DLP pesquero ha funcionado con las tres administraciones alineadas: Europa fija el marco, el Estado lo programa, la comunidad lo gestiona y el territorio lo ejecuta», ha dicho Alginet, que ha pedido a la cámara de representación territorial que exija que el futuro Plan Nacional y Regional «no se negocie de espaldas a quienes hoy gestionan el instrumento».

«No sólo es el cuánto, sino también el cómo»

Laura Nieto ha centrado su intervención en el valor del método: «El Desarrollo Local Participativo introduce algo que no puede sustituirse trasladando recursos a un fondo común: introduce gobernanza territorial». Ha destacado que en el período 2014-2020 los GALP ejecutaron el 96 % de los fondos previstos, la línea de mayor ejecución de todo el fondo europeo en España, y que ese resultado «no es casual: es consecuencia de un modelo en el que los proyectos se adaptan al territorio y los promotores reciben acompañamiento». Nieto se ha detenido en las regiones ultraperiféricas, donde el artículo 349 del Tratado reconoce la necesidad de un trato específico: «Si el nuevo fondo convierte el DLP en potestativo, serán esos territorios, los más frágiles, los primeros en caer».

Cuatro peticiones concretas

Los GALP han pedido a la Comisión de Pesca que traslade al Gobierno, y a través de él a las negociaciones del Consejo, cuatro garantías:

• Continuidad y dotación suficiente del DLP pesquero, convirtiendo el «podrán» europeo en un compromiso firme en España, con una tasa de cofinanciación homogénea para toda la costa.
• Reconocimiento de los GALP como estructuras territoriales de gobernanza y actores de ejecución, evitando el vacío entre períodos que ya se produjo entre 2021 y 2023.
• Simplificación y proporcionalidad administrativa para los pequeños operadores, manteniendo los principios de transparencia y buena gestión financiera.
• Aplicación real del principio de subsidiariedad, acercando las decisiones de financiación al territorio.

Resultados y apoyo parlamentario

Los 44 GALPA agrupan a más de 1.200 entidades en casi 30.000 km² de litoral y representan a 11,5 millones de ciudadanos vinculados al mar. Entre 2014 y 2020 impulsaron 2.645 proyectos y movilizaron más de 170,9 millones de euros, 93,7 de ellos procedentes del fondo europeo. [COMPLETAR tras la sesión: posicionamiento de los grupos en el turno de portavoces; si se anuncia moción o preguntas al Gobierno; posible comparecencia ante la Comisión Mixta para la UE.]

Declaraciones

Joan Alginet, gerente del GALPA Mar de l’Ebre: «Nuestro trabajo no es venir al Senado a reivindicar obviedades. Nuestro trabajo está en el muelle, y si hoy lo hemos dejado un día es porque lo que se decide en los próximos meses puede hacer que dentro de dos años ese muelle ya no tenga a nadie que lo acompañe. Nuestros pueblos, sin una comunidad marítima fuerte, pierden su identidad.»

Laura Nieto, gerente del GALP Ría de Pontevedra: «La cohesión territorial no consiste en aplicar las mismas soluciones a todos los territorios. Consiste en garantizar que todos los territorios tengan capacidad para encontrar y aplicar las soluciones que necesitan. Esa es la principal aportación del Desarrollo Local Participativo.»

Sobre los GALPA

Los Grupos de Acción Local Pesquera y Acuícola son partenariados público-privados que aplican la estrategia de Desarrollo Local Participativo en las zonas costeras dependientes de la pesca, en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). Están presentes en más de veinte Estados miembros de la Unión Europea. Los 44 GALP de España firmaron el 10 de diciembre de 2025 un manifiesto común en defensa del instrumento y han trasladado su posición al Parlamento Europeo, a la DG MARE, al gabinete del comisario Costas Kadis y a la Secretaría General de Pesca.